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En las últimas décadas el trabajo de las organizaciones civiles ha adquirido especial relevancia. En primer término, porque su movilidad ha servido como catalizador para sensibilizar a la opinión pública ante los problemas comunes; en segundo lugar, porque su accionar con la población les ha permitido elaborar diagnósticos puntuales en áreas donde no existen, o son insatisfactorias, las políticas gubernamentales.

El radio de operación de las organizaciones civiles —del nivel local al internacional— es tan amplio como la gran variedad de temas y ámbitos que definen la naturaleza de su trabajo y desarrollo. Es un hecho inobjetable que gran parte de sus actividades —ya sean asuntos humanitarios, desarrollo económico y social, salud pública, promoción de los derechos humanos o educación— han tenido un alto impacto en la formulación, impulso y planificación de políticas públicas y programas gubernamentales.

Sin embargo —como lo reconoce la propia Organización de las Naciones Unidas— esta creciente presencia de una sociedad civil cada vez más estructurada, aún no alcanza el grado de interlocución para que los gobiernos se abran y trabajen, de manera permanente, en estrecho contacto con las organizaciones ciudadanas.

En materia educativa, de acuerdo con el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) en el país existen, al menos, 518 organizaciones sociales que concentran su apoyo en el sector público-estatal a través de la investigación, gestión de recursos, establecimiento de albergues, donación de becas, establecimiento de centros escolares para población vulnerable y fomento educativo.

No obstante, únicamente 92 de ellas realizan actividades a favor de la educación pública —aunque se sabe de la existencia de amplias redes de organizaciones que trabajan bajo diversas formas y agendas temáticas en la educación básica, media superior y superior— que tienen entre sus objetivos estratégicos la elaboración, diseño e implementación de iniciativas que incidan —además de en las políticas de la Secretaría de Educación Pública— en la ruta que debe seguir la transformación de nuestro modelo educativo, hoy más que nunca sujeto al debate público y al entorno mundial por los magros resultados que arroja en las evaluaciones locales y las aplicadas por organismos internacionales como la UNESCO y, más recientemente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con la prueba PISA.

az abre la discusión sobre la participación ciudadana en la educación del país y presenta en esta sección el análisis de especialistas.

Este segmento contempla los textos de Ana I. Bravo, de Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo; Carlos R. Cordourier Real, Coordinador de Investigación del CEMEFI; y David Calderón, de Mexicanos Primero.

 

Alberto Athié
Presidente de Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A.C.

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