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A lo largo de casi treinta años de vida, la UPN ha formado licenciados en psicología, pedagogía, administración y sociología de la educación. A partir de 1980 las especializaciones y maestrías forman parte de la oferta y más recientemente se puso en operación el Doctorado en Educación1.
Simultáneamente, la parte más visible de la actividad ha sido la nivelación, la actualización y la especialización de docentes y directivos de educación básica.
Estas dos actividades, en principio complementarias, han sido fuente de tensiones y desacuerdos descritos por investigadores externos (Baez, 1983; Hernández, 1981; Kovacs, 1983) y han constituido el objeto de estudio de académicos de la Universidad (Moreno, 2006; Miranda, 2001).
Los proyectos institucionales han enfrentado la difícil convivencia entre normalistas y universitarios, dos tradiciones lejanas, dos culturas que representan campos de fuerza que frecuentemente han entrado en conflicto, en detrimento de la estabilidad institucional (Miranda, 2001, p. 210 – 220).
Creada por Decreto Presidencial el 29 de agosto de 1978, la nueva institución fue definida como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, figura que al paso de los años ha limitado considerable- mente el margen de autonomía necesario para impulsar cambios en la organización y en las funciones sustantivas, lo que ha su vez ha provocado momentos de fuerte tensión entre la autoridad y la comunidad2.
A su vez la suscripción del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, el 18 de mayo de 1992, significó para la Universidad la transferencia de los recursos huma- nos, materiales y financieros, así como las relaciones laborales de las Unidades UPN a los gobiernos de los Estados. No obstante, la conducción académica, así como los procesos de ingreso y promoción, se conservaron en dos instancias de carácter nacional, el Consejo Académico alojado en la Unidad Ajusco y la Comisión Académica Dictaminadora, respectivamente.
La federalización de las Unidades UPN provocó un enorme desconcierto entre los miembros de la comunidad, así como una reacción en defensa del carácter nacional de la institución. A la fecha, a pesar de que las Unidades han mantenido y aún incrementado sus actividades académicas, la gobernabilidad de la red universitaria se ha dificultado por la ambigüedad en la línea de mando y los inevitables desacuerdos entre los miembros de las comunidades y las autoridades educativas de los estados casi siempre relacionados con las insuficiencias en los presupuestos aunque también con la discrepancia política.
A pesar de todo, durante la última década, la Universidad ha fortalecido notablemente su presencia académica y ha encontrado espacios de equilibrio y condiciones para la producción intelectual.
Al igual que lo ocurrido en otras instituciones de educación superior, la planta académica ha mejorado sensiblemente sus niveles de habilitación3, lo que significa que la calidad de sus programas educativos se ha incrementado y hoy, según el juicio de evaluadores externos, se encuentran en niveles competitivos4.
LA UPN Y LA AGENDA EDUCATIVA
Recientemente, el “Consejo de Especialistas para la Educación” difundió el documento Los Retos de México en el Futuro de la Educación (Consejo de Especialistas para la Educación, 2006) texto que recoge la reflexión colectiva en torno a la situación del sistema educativo nacional y en el que se delinean los rasgos de las políticas necesarias para impulsar un proyecto educativo que dé condiciones al país para mejorar la calidad de vida y el bienestar de su población a través de la formación del capital humano que requiere para competir en el entorno global.
Una educación que “contribuya a fomentar la justicia y la equidad; que propicie la democracia, la cohesión social y la responsabilidad ciudadana; y que fomente la productividad y la capacidad de todos los mexicanos para participar en el desarrollo económico” (Ibid, p.13) son los tres ejes que articulan el proyecto educativo nacional concebido por el grupo.
El proceso de cambio profundo que requiere la educación en todos sus tipos y modalidades no será viable en ausencia del concurso del profesorado. Un proyecto como el esbozado por los expertos mexicanos, demanda un cuerpo docente con competencias profesionales y éticas que será necesario construir si el fin es transformar con los propios profesores la cultura de la institución escolar.
Es indispensable superar las políticas sobre formación y actualización de los docentes
En este marco, la Universidad Pedagógica Nacional del siglo XXI es un recurso estratégico por su capacidad para concurrir, al lado de otras instituciones, a la tarea de mejorar la calidad del trabajo docente.
Si se trata de de implantar un nuevo paradigma de formación profesional en el que “profesionalismo” y “profesionalidad” (Avalos, 2006) constituyan los pilares de la identidad de un docente que “aprende a enseñar” y “enseña a aprender” y que desarrolla una práctica adaptativa (Fullan,2006) tomando decisiones acerca de la educación, la escuela y su propia práctica, entonces, la oferta de la UPN y su capacidad para llevarla a todos los Estados del país resultan especialmente relevantes.
La mayor ventaja de la Universidad deriva de su condición de centro generador de conocimiento disciplinar y pedagógico. Su dedicación al desarrollo profesional de docentes y directivos de educación básica la ubican un una condición de contacto permanente con profesores en servicio cuyas prácticas han constituido un objeto primordial de intervención situada y reflexión sistemática desde enfoques transdisciplinares.
Desde 1979, cuando la UPN asume la tarea de la nivelación de los docentes, la institución emprendió la experimentación con modelos de entrega a distancia y semipresenciales, orientación que más recientemente ha dado forma al desarrollo de una oferta basada en las tecnologías de la información y comunicación, lo que significa que dispone de la base de conocimiento para atender con calidad a un número considerable de profesores con la flexibilidad que se requiere.
