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LUCHA POR LA VALIDEZ
Pese a la claridad de la ley federal, los diputados de oposición en la ALDF pretendieron “solucionar” el inexistente problema de la validez de estudios de las nuevas preparatorias y de la nueva universidad; en junio de 2001, el entonces diputado priísta Miguel González Compeán propuso la formación de tres consejos, con la pretensión de formarlos como órganos autónomos especializados en educación. Uno de ellos sería el Consejo para la Planeación y Evaluación de Contenidos y Programas Educativos. El gobierno capitalino respondió que esta instancia duplicaría las funciones que ya tenían el IEMS y la nueva universidad, y ponía en entredicho el valor de sus decisiones académicas, que estaban tomando en estricto apego a la LGE. También se proponía la formación de un Consejo para el Financiamiento de la Educación Media Superior y Superior en el Distrito Federal y de un Consejo Asesor para la Educación Media Superior y Superior. El GDF explicó a los legisladores en varias reuniones de trabajo que estos consejos desdibujarían la división de poderes, dado que el Poder Legislativo controlaba el nombramiento de sus altos funcionarios. En una de esas sesiones, el diputado González Compeán insistió en la necesidad de “hacer parte del proyecto” a los legisladores de su fracción. En realidad, se pretendía crear estructuras paragubernamentales que, bajo el título de autónomas, permitieran la reproducción de una elite burocrática que había perdido el acceso electoral al Poder Ejecutivo local.
Las cosas se aclararon finalmente cuando en el verano de 2001 la SDS y la SEP firmaron un instrumento de colaboración para el registro de las instituciones creadas por el GDF en uso de sus atribuciones en materia educativa. Lo anterior era lo único necesario y natural que se tratara con la autoridad educativa federal, dado que ésta tiene facultades, de acuerdo con el artículo 12 de la LGE, para regular un sistema nacional de créditos, de revalidación y de equivalencias, que faciliten el tránsito de educandos de un tipo o modalidad educativo a otro (fracción VIII); y para llevar un registro nacional de instituciones pertenecientes al sistema educativo nacional (fracción IX).
Si una lección puede sacarse del proceso de creación de instituciones educativas de nivel medio superior y superior del GDF entre 2000 y 2001, es la necesidad de una participación más activa y clarificadora de la autoridad educativa federal, de modo que la sociedad esté claramente informada de la división del trabajo educativo que manda la ley. Desde la creación del IEMS en 2000, el GDF ejercía sus atribuciones en esos niveles educativos. En ese momento, nadie pareció darle importancia a la pequeña escuela creada en la “lejana” Iztapalapa, acaso por- que respondía a demandas de organizaciones desde siempre marginales. Sin embargo, en 2001, al plantearse la multiplicación de esa experiencia y la creación de 15 nuevas preparatorias en todas las delegaciones del Distrito Federal que carecieran de ese servicio y de una nueva universidad, muchos actores políticos impunemente propagaron la especie de que la entidad federativa no tenía atribuciones legales. La intención política del alegato era y es evidente. En 2001, el GDF señalaba la falsedad de los datos oficiales que hablaban de una saturación de la oferta educativa en los niveles medio superior y superior. Aparte, ponía en duda el sistema de evaluación generalmente aceptado, al plantearse que el ingreso en su sistema de bachillerato se haría de acuerdo con la residencia del solicitante, con el único requisito de haber concluido el nivel escolar inmediato anterior. No se exige un promedio mínimo para ingresar, para no reproducir los elementos de exclusión socioeconómica que suelen afectar las calificaciones en el sistema tradicional. Esta regla se introdujo también en la nueva universidad.
Garantizar el derecho de todos a la educación en todos sus niveles es una responsabilidad prioritaria del Estado
La creación de la universidad en 2001 era piedra de escándalo por sí misma. El día de la inauguración de cursos, el 3 de septiembre de 2001, el jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, señaló que la última universidad pública con sede en el Distrito Federal se había creado hacía un cuarto de siglo, en 1974. Agregó que mientras la matrícula creció en esos 25 años en 6.8 por ciento en instituciones públicas de educación superior, en las del sector privado se había incrementado en un 168.3 por ciento. El problema más acuciante, señaló, era que las universidades privadas tenían un costo promedio de 4 mil 196 pesos mensuales, es decir, 3.5 salarios mínimos, percepción que sólo obtenía el 22 por ciento de la población económicamente activa de nuestra entidad. El GDF recordaba a todos que el garantizar el derecho de todos a la educación en todos sus niveles es una responsabilidad prioritaria del Estado, y advertía que detrás del abandono de la instrucción pública está el propósito de que la educación deje de ser un factor de movilidad social y se convierta en un simple instrumento para sostener y dar legitimidad a un proyecto basado en la desigualdad.
DECRETO DE CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD Y LA AUTONOMÍA COMO COMPROMISO DEL GDF
Aunque los cursos se iniciaron hasta septiembre de 2001, había sido desde el 26 de abril de ese año que se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el decreto de creación de la Universidad de la Ciudad de México (UCM). La universidad nació como un organismo descentralizado del GDF y por lo mismo era parte de la administración pública paraestatal. No tenía autonomía en el sentido mandatado por la fracción VII del artículo 3o Constitucional. Pese a ello, el día de inicio de cursos, el jefe de Gobierno se comprometió a “explorar los mecanismos más adecuados para otorgarle la autonomía”. El compromiso se cumpliría sólo tres años más tarde.
