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En enero de 2001, la segunda administración democráticamente electa del Distrito Federal anunció la creación de 15 preparatorias y una universidad. Lo que se llamó originalmente Programa Integrado de Educación Media Superior y Universidad, y que aplicó la Secretaría de Desarrollo Social (SDS) del gobierno local, recibió un presupuesto inicial de 453 millones de pesos, de los cuales 323 millones se destinaron para la construcción de instalaciones y 130 millones para la operación del programa.
Este programa educativo se sustenta legalmente en la distribución de competencias establecidas en la Ley General de Educación (LGE) de 1993 para el ejercicio de la función social educativa. Sin embargo, al anunciarse fue muy criticado porque, supuestamente, el Distrito Federal no tenía facultades legales en esta materia.
Quince preparatorias componen el sistema de bachillerato
Vale la pena explicar el origen de esta controversia. De acuerdo con el artículo 16 de la LGE, las atribuciones relativas a la educación inicial (prees- colar); la educación básica (primaria y secundaria, incluida la indígena); la educación especial; y la educación normal y demás para la formación de maestros, son facultades exclusivas de las entidades federativas (artículo 13 fracción I). Como la LGE data de 1993, cuando el Distrito Federal era un territorio gobernado directamente por la federación, en el que sus ciudadanos no teníamos derecho a elegir a nuestros gobernantes, el artículo 16 de la LGE ordena que la función social educativa correspondería en este territorio al departamento de gobierno establecido por la federación (el viejo DDF).
Necesidad de una participación más activa y clarificadora de la autoridad educativa federal.
En el contexto de la reforma constitucional de 1996, que reconoció definitivamente que el Distrito Federal era una entidad federativa más, con su propio gobierno electo, su órgano Legislativo y su Poder Judicial, se debería haber igualado estatus y capacidades educativas de nuestra entidad con el resto. Sin embargo, resulta que desde 1993 y hasta la fecha, el mencionado artículo 16 de la LGE está en suspenso porque el artículo cuarto transitorio de la misma norma establece que el proceso para que el hoy Gobierno del Distrito Federal (GDF) se encargue de estos servicios educativos, se llevará a cabo “en los términos y fecha que se acuerde con la organización sindical”; y que sólo luego de la conclusión de ese proceso la Secretaría de Educación Pública federal entregaría al gobierno local la responsabilidad. Antes de 2000, la lectura usual de estas normas era que el GDF no tenía atribuciones en materia educativa. Por lo mismo, la Ley de Educación aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en ese mismo año contenía un artículo transitorio que la suspendía, completa, hasta que no se cumpliera el artículo cuarto transitorio de la norma federal. En contra de esta interpretación, durante la última parte de la administración de Cuauhtémoc Cárdenas, Manuel Pérez Rocha llamó la atención de la SDS capitalina respecto a que el artículo 14 fracción I de la LGE facultaba de modo concurrente a la federación y a las entidades federativas para promover y prestar servicios educativos distintos de los básicos antes señalados. En esta atribución concurrente cabían perfectamente los servicios de educación media superior y superior. Acorde con esta interpretación, la jefa de gobierno sustituta, Rosario Robles Berlanga creó el Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal (IEMS). Este organismo descentralizado administró desde su formación una preparatoria en la antigua Cárcel de Mujeres de Iztapalapa. Esa preparatoria había sido el sueño de varias organizaciones populares de la zona y allí se empezó a formar el modelo educativo que hoy se aplica en todo el Sistema de Bachillerato del Distrito Federal y que dio origen, a partir del otoño de 2001, a la hoy Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).
EL DEBATE SOBRE LA VALIDEZ DE ESTUDIOS DE LAS NUEVAS INSTITUCIONES
Pese a la lúcida interpretación de Pérez Rocha y al total apoyo que recibió la misma por parte de la administración López Obrador a partir de diciembre de 2000, el debate público en ese año se centró en la supuesta invalidez de estudios de los nuevos centros educativos. Los medios de comunicación cuestionaban constantemente a los funcionarios del gobierno capitalino cuándo se pediría a la SEP federal el reconocimiento de estudios y si las preparatorias y la nueva universidad se incorporarían a la SEP o a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). De acuerdo con el artículo 11 fracción II de la LGE, el Poder Ejecutivo electo del Distrito Federal es una autoridad educativa local y por lo mismo, de a- cuerdo con el artículo 14 de la misma norma, puede por sí o mediante los organismos que establezca, determinar y formular planes y programas de estudio (fracción II); revalidar y otorgar equivalencias de estudios impartidos en otras entidades (fracción III) y hasta otorgar, negar y retirar el reconocimiento de validez oficial a estudios proveídos por particulares en su territorio (fracción IV).
