El que tiene un porqué para vivir, puede soportar casi cualquier cómo
Introducción
Hacer un análisis de este instrumento de política educativa nacional en un artículo de esta dimensión se torna complejo, sobre todo si se considera que, dentro de los 6 grandes objetivos que propone, plantea 35 distintas estrategias directamente relacionadas con la educación y tres que le son transversales, 265 líneas de acción directas y 133 transversales para su realización, por ello, es que preferí hacer una reflexión acerca de su devenir histórico, el contexto previo al programa 2013-2018 y sus posibles contradicciones o riesgos.
Marco Histórico
Quizá una de las cosas a las que estamos acostumbrados en el México contemporáneo sea a la publicación del Plan Nacional de Desarrollo2 al inicio de cada sexenio o administración, en el cual se establece la rectoría del Estado en materia de desarrollo nacional y que obliga a los diferentes niveles de gobierno a presentar los programas especiales, regionales e institucionales3, que determinarán las prioridades nacionales y orientarán las políticas públicas de diversos sectores como salud, comunicaciones, energía, etcétera, entre los que destaca el Programa Sectorial de Educación 2013- 2018. Esto no siempre fue así, aun cuando se presenta un plan sexenal desde el sexenio de Lázaro Cárdenas, su existencia formal es apenas de poco más de 30 años. Anteriormente, no existía la obligación constitucional de formular un programa que sirviera de “norte” para la gestión del gobierno de los distintos sectores a lo largo de toda su administración.
Ahora bien, quizá la primera referencia de un esfuerzo así en materia educativa —aun cuando su ámbito fue parcial y sólo se refería a la alfabetización y la educación primaria— fue el plan de los once años, ideado por uno de los únicos dos secretarios de Educación Pública que ocupó el cargo en dos ocasiones4 y que además ostentó el puesto de director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) de 1948 a 1952, Jaime Torres Bodet. Este plan se planteó como una verdadera política de Estado, abarcando dos periodos de gobierno, de 1958 a 1970.
Un segundo esfuerzo no legitimado normativamente como obligatorio fue el Programa Educativo 1977-1982 elaborado por el fugaz secretario Porfirio Muñoz Ledo (1976- 1977); mismo que fue retomado, reformulado y priorizado por otro secretario de Educación Pública que también fue nominado dos ocasiones distintas en el puesto,5 Fernando Solana Morales. El principal mérito de este programa fue que, si bien incluyó todo el espectro educativo nacional, focalizó la acción de su gestión en 12 programas prioritarios, dentro de los cuales destacó el programa Primaria para todos los niños, conocido como el 3PTN, que permitió generar condiciones para la universalización de la atención de ese nivel educativo.
Gracias a este último esfuerzo es que nace formalmente el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988,6 y derivado de él, los programas sectoriales, como una obligación institucional del Estado mexicano al inicio de cada administración para determinar las acciones que el gobierno federal se propone realizar.
Desde entonces y hasta la fecha, todas las administraciones, tanto priistas, como panistas estuvieron obligadas por ley a presentar estos programas y, de alguna u otra forma, a ceñirse a su cumplimiento más o menos riguroso, sin que necesariamente haya un seguimiento ni rendición de cuentas público efectivo de ello.
Anteriormente, no existía la obligación constitucional de formular un programa que sirviera de “norte” para la gestión del gobierno a lo largo de toda su administración
EL CONTEXTO PREVIO AL PROGRAMA 2013-2018
En el caso del sector educativo, en la anterior administración (2006-2012) se da un hecho sui generis que altera esta programación fundamentalmente en el nivel de educación básica: la aparición de la llamada Alianza por la Calidad de la Educación (ace), instrumento que remplaza al Programa Sectorial de Educación en dicho nivel. Éste se gesta desde la representación sindical y cuenta con el beneplácito de la máxima magistratura de la nación, generando distorsiones, duplicidades y traslapes importantes en la gestión del sector y disminuyendo de forma importante la rectoría del Estado y por ende la de los distintos secretarios que ocuparon la SEP en esos años, derivando todo ello en prácticas inusuales en la actual administración.
Concomitante con lo anterior se abandona la función de gobernar que compete al Estado en otras áreas de la gestión pública, lo que da como resultado un caldo de cultivo propicio y hasta necesario para que se geste lo que se conoce como el Pacto por México, inusual instrumento de carácter político que mediante el consenso de las tres fuerzas políticas mayoritarias del país, PAN, PRI y PRD, busca retomar la rectoría del Estado en diferentes áreas de la gestión pública mediante compromisos concretos, entre los cuales el sector educativo ocupa un lugar especial.
Después de dicho Pacto se de la reforma del artículo 3° Constitucional, la promulgación de las leyes secundarias que de ella devienen (la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente), así como las modificaciones a la Ley General de Educación, que en su conjunto forman el cuerpo jurídico normativo que determina el marco dentro del cual se desarrollará toda la política educativa de la nueva administración —y en tanto no surjan nuevas modificaciones— de las subsiguientes.
Así surge el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, instrumento técnico-programático quizá cuestionado, en tanto que se le pudiera considerar un “refrito” de otros documentos político-cupulares (Pacto por México) o institucionales (la Reforma “Educativa” y sus leyes secundarias), apreciación del todo equivocada, ya que el Programa Sectorial es un instrumento de planeación de la gestión pública, que si bien está enmarcado por lo que establece la reforma educativa, define cuáles serán las estrategias y líneas de acción que la nueva administración emprenderá para lograr los seis objetivos que se ha planteado:
Objetivo 1.
Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población.
Objetivo 2.
Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y la formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México.
Objetivo 3.
Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa.
Objetivo 4.
Fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas como un componente de la educación integral.
Objetivo 5.
Promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos privilegiados para impulsar la educación integral.
Objetivo 6.
Impulsar la educación científica y tecnológica como elemento indispensable para la transformación de México en una sociedad del conocimiento.
¿Por qué en nuestro país se brinda la educación más precaria a los grupos más necesitados?
CONTRADICCIONES O RIESGOS
Los objetivos antes citados contemplan las preocupaciones y cometidos que cualquier programa educativo nacional debe de considerar: calidad, cobertura, inclusión y equidad educativa, deporte, cultura, ciencia y tecnología, mismos que hemos visto —palabras más, palabras menos— incluidos en todos y cada uno de los programas sectoriales de 1983 a la fecha (seis en poco más de 30 años), que estoy seguro nadie en su sano juicio puede cuestionar, pero que motivan las siguientes dudas:
¿Por qué México tiene 32 millones de mexicanos con rezago educativo? 7
¿Por qué en nuestro país se brinda la educación más precaria a los grupos más necesitados?
¿Por qué México obtiene puntajes inferiores a lo esperable dada su mezcla sociocultural (Índice de Desarrollo Humano) en pruebas como el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA)?
¿Por qué mantenemos casi el mismo nivel de desarrollo (Producto Interno Bruto per cápita, GDP por sus siglas en inglés), en relación con el promedio latinoamericano desde 1990?
¿Por qué, según el Índice Global de Competitividad 2013-2014, estamos por debajo del promedio de países similares al nuestro
(Transición 2-3), en todos sus indicadores menos en los que se relacionan directamente con la cantidad de población?
Pareciera que, sin demérito del aporte que el Programa Sectorial pueda hacer para una mejor y más ordenada gestión pública en materia educativa, no se entiende por qué después de 6 ejercicios continuados de este instrumento, pareciera que no se avanza, más aún cuando en el mismo periodo hemos sido testigos de países de nuestra región cuyos indicadores estaban por debajo del promedio latinoamericano y hoy no tan sólo están por encima de él, sino que también nos han rebasado, me refiero a Chile que comparativamente tiene la evolución del gráfico 4.
Pareciera que programas van y programas vienen, pero que por sí mismos no son más que instrumentos que no resuelven gran cosa. Da la impresión de que el problema de la educación no tiene relación con la existencia, o no, de estos programas, sino que pasa por la decisión política de avanzar, de alcanzar metas concretas que fortalezcan el compromiso de hacer, aportar, trabajar por algo concreto, con metas específicas, con lugares comunes a los cuales llegar y no con entelequias tan generales que no definen nada.
En esta ocasión, el Programa no fue sólo producto de un proceso definido por ley, fue resultado de un proceso político y constitucional que se planteó como indispensable para avanzar, que se esgrimió como la única forma de salir del marasmo y deterioro en el que está este sector.
Más allá de que sigan o no los garantes originales del Pacto por México, de que se incluyó dentro del proceso la remoción de obstáculos de otra índole, de las distintas manifestaciones de oposición que existen a los postulados y métodos de las reformas, más allá de cualquier consideración posible, está dado todo lo que se planteaba como necesario: el Pacto por México, la Reforma Constitucional, las Leyes Secundarias, el Plan Nacional de Desarrollo, y ahora, el Programa Sectorial de Educación 2013-2018. Cabe entonces esperar que al fin del sexenio México supere en forma signifi- cativa al menos los indicadores que se han mencionado. De no ser así, el problema no es el Programa, sino el sistema mismo.
Parece que es la última oportunidad de este modelo, la actual administración tiene el tremendo compromiso de cumplir, lograr y mostrar resultados reales, medibles y comparables a nivel internacional, juguémonosla, pero de no lograrlo, habrá que pensar seriamente en cambiar el rumbo. ¿Usted qué opina?
BIBLIOGRAFÍA
Diario Oficial de la Federación, viernes 13 de diciembre de 2013, Secretaría de Educación Pública, “Decreto por el que se aprueba el Pro- grama Sectorial de Educación 2013-2018”.
ONU, http://www.cinu.mx/onu/onu/.
OCDE, pisa 2012 Results in Focus, “What 15-year-olds know and what they can do with what they know”, http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results-overview.pdf
World Economic Forum The Global Competitiveness Report. http://www.weforum.org/reports
Notas
1 Tomado del libro “El hombre en busca de sen- tido” de Viktor E. Frankl (1905-1997). Herder Editorial. Edición para México. 9a. Impresión de la edición de 2004.
2 En cumplimiento a lo que establece el artículo 25 constitucional.
3 El artículo 21 de la Ley de planeación.
4 De 1943 a 1946 y de 1958 a 1964.
5 De 1977 a 1982 y de 1993 a 1994.
6 Durante la administración de Miguel de la Madrid.
7 Adultos mayores de 15 años de edad que no hanconcluido su educación básica.
8 http://reports.weforum.org/the-global-compe-titiveness-report-2013-2014/#=.
9 Ídem.
10 Ídem.