Por En los últimos años, se ha puesto en evidencia la creciente “tendencia de nearshoring” en México, una narrativa explorada en numerosos artículos, columnas, programas de televisión y periódicos. Estas discusiones han analizado los innumerables beneficios y desafíos que enfrentan las empresas que contemplan la reubicación de sus operaciones en México. CORRUPCIÓN
Entre los obstáculos principales que se discuten con frecuencia se encuentran:
- La escasez de espacios industriales en comparación con la creciente demanda de empresas que consideran reubicarse en México.
- Las pocas acciones emprendidas por el gobierno de México por establecer un sistema eléctrico confiable capaz de garantizar operaciones ininterrumpidas para los grandes consumidores de electricidad.
- Preocupaciones crecientes sobre la seguridad del transporte de mercancías por tierra o ferrocarril.
- Una escasez de conductores y trailes para el transporte eficiente de mercancías dentro de México.
- Las complejidades burocráticas en la obtención de permisos y autorizaciones.
Sin embargo, un factor a menudo pasado por alto, pero crítico, que se vincula con estos desafíos es la corrupción, el “cuerpo en el closet” de México. El Índice de Percepción de la Corrupción de Transparency International sitúa a México en el puesto 126 de 180 países, el más bajo dentro de la OCDE. A pesar de la retórica anticorrupción del gobierno de AMLO, la corrupción sigue muy arraigada en la cultura empresarial de México.
Forbes identifica a industrias como la construcción, farmacéutica, minería, comercio minorista y empresas contaminantes como particularmente vulnerables al impacto de la corrupción.
Si bien estos desafíos pueden generar dudas en los inversores, la innegable proximidad al mercado consumidor más grande del mundo convierte a México en un destino de inversión digno de ser considerado. La clave para las empresas que reubiquen sus operaciones a México radica en idear estrategias para mitigar los riesgos asociados con la corrupción al hacer negocios en el País.
Es imperativo que las empresas que comiencen operaciones en México establezcan sistemas de cumplimiento sólidos y eficientes para sus subsidiarias y filiales, pues, aunque actualmente no exista la obligación legal de tener una política interna anticorrupción (a diferencia, por ejemplo, de la regulación de prevención de lavado de dinero), los beneficios de tener e implementar tales políticas son significativos.
Por ejemplo, un “sistema de integridad” efectivo puede servir como un factor atenuante en caso de que se cometa un acto de corrupción o, en su caso, ayudar en la prevención y detección de prácticas corruptas. También, esto cobra aún más, cuando las leyes mexicanas preveen la existencia programas de inmunidad (parcial) para aquellos que revelan actos de corrupción, sujetos a ciertas condiciones, por lo que su detección dentro de la empresa de manera oportuna, podría generar grandes beneficios.
Finalmente, resulta relevante mencionar que para poder hacer uso de estos beneficios, es crucial que el “sistema de integridad” y la “política anticorrupción” cumplan con parámetros específicos establecidos por las autoridades pertinentes a nivel federal, estatal o local.
Dado lo complejo del entorno normativo en México, recomendamos siempre contar con la experiencia de un especialista local en compliance para establecer los programas de cumplimiento para subsidiarias mexicanas. Las traducciones genéricas de políticas globales anticorrupción pueden no cumplir con todos los requisitos establecidos por las leyes mexicanas, lo que podría poner en peligro la elegibilidad de la empresa para cualquier beneficio legal.
