Por 
Las cláusulas de exclusividad en contratos de trabajo han sido motivo de debate debido a su potencial impacto en los derechos del trabajador. Estas cláusulas, que imponen restricciones a los empleados impidiéndoles trabajar para otros empleadores en el mismo campo o industria, han sido objeto de críticas por ser consideradas inconstitucionales y contrarias a los principios fundamentales del derecho laboral.
La Constitución
La Constitución Política de Mexicana reconoce y garantiza el derecho al trabajo digno y socialmente útil. Derecho que incluye la libertad en la elección de empleo, así como la protección contra cualquier forma de discriminación en el ámbito laboral. Por esto las cláusulas de exclusividad que limitan la capacidad de un trabajador para encontrar empleo en su campo profesional pueden ser consideradas como una violación de estos principios constitucionales.
En el artículo 123 de la Constitución se establece que los derechos mínimos que deben garantizarse a los trabajadores, incluyendo el derecho a condiciones dignas y justas de trabajo. Restringiendo la capacidad de un trabajador para buscar oportunidades laborales alternativas, se pueden afectar negativamente estas condiciones y limitar las posibilidades de desarrollo profesional y económico del trabajador.
La Suprema Corte de Justicia ha emitido jurisprudencia que reconoce la inconstitucionalidad de las cláusulas de exclusividad en los contratos laborales. Según esta jurisprudencia, dichas cláusulas son nulas y no pueden ser aplicadas si restringen injustificadamente la libertad de trabajo del empleado.
Es importante tener en cuenta que existen situaciones específicas en las que las cláusulas de exclusividad pueden ser consideradas válidas, siempre y cuando estén justificadas por razones legítimas, como la protección de información confidencial o el mantenimiento de la competitividad de la empresa. Sin embargo, estas restricciones deben estar claramente definidas en el contrato y no pueden ser excesivas o desproporcionadas.
Por eso es importante que al momento de generar un contrato de trabajo o prestación de servicios sea un experto legal quien lo haga y cuide la integridad del trabajador así como los intereses de la empresa.
